Hablemos de Salud Mental I
Por Glosa
El fenómeno del suicidio en la provincia de Entre Ríos ha dejado de ser una problemática latente para convertirse en una emergencia de salud pública de dimensiones críticas. Durante los últimos años, la provincia no solo ha superado sistemáticamente la media nacional en tasas de mortalidad por esta causa, sino que ha alcanzado picos alarmantes que interpelan la eficacia de las intervenciones estatales y la suficiencia de los recursos destinados a la salud mental.
Históricamente, Entre Ríos ha presentado indicadores de suicidio que duplican las estadísticas nacionales. Para el año 2021, la provincia registró una tasa de 15,3 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la situación se agudizó drásticamente a principios de 2025, cuando se reportó una frecuencia de un suicidio por día durante el mes de enero.
El análisis de los datos permite identificar focos específicos de vulnerabilidad. Si bien las franjas más afectadas son los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 25 y 34 años, se observa un crecimiento sostenido y preocupante en las adolescencias. Estadísticamente, los varones presentan una mayor incidencia de suicidios consumados. Esto se vincula, según especialistas, a las dificultades en la socialización de las emociones y la construcción de masculinidades que postergan la búsqueda de ayuda profesional.
La costa del río Uruguay suele presentar tasas más elevadas en comparación con la costa del río Paraná. Casos extremos, como el del municipio de Los Charrúas en 2021, con una tasa de 125 casos por cada 100.000 habitantes (diez veces el promedio provincial), demuestran cómo factores locales y crisis de sentido comunitario pueden detonar ciclos de desesperanza.
Desde el Estado provincial, la respuesta se ha estructurado a través de la Dirección de Salud Mental y la reglamentación de la ley provincial de prevención del suicidio (adherida a la Ley Nacional 27.130). Se han implementado herramientas como la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio en hospitales seleccionados y líneas telefónicas de atención 24 horas (0800-777-2100 y la línea 135).
No obstante, la mirada institucional es tensionada por otros actores sociales. La Mesa por la Salud Mental, integrada por 22 organizaciones que incluyen colegios profesionales, sindicatos y movimientos populares, ofrece una visión más territorial y crítica. Para este espacio, la salud mental no debe abordarse únicamente desde la clínica, sino desde una perspectiva integral que incluya determinantes sociales como alimentación, vivienda, proyectos de vida y la contención en barrios populares.
A pesar de la existencia de marcos legales, la ejecución de políticas públicas enfrenta obstáculos presupuestarios severos. Voces críticas señalan que existe una brecha insalvable entre la letra de la ley y la realidad de los recursos. Sandra Cislaghi, referente de la Mesa de Salud Mental, denunció hace unos meses una "falta de decisiones políticas" y la carencia de un presupuesto adecuado, reduciendo las intervenciones estatales a meros "paliativos" que se diluyen en el tiempo.
La crítica se extiende al plano nacional donde el problema viene de arrastre. Se ha denunciado un plan de desinversión en salud mental por parte del gobierno nacional, donde se destinó solo el 1,8% del presupuesto total de salud a esta área durante 2024, incumpliendo el piso del 10% establecido por la normativa vigente. Este desfinanciamiento impacta directamente en la capacidad de respuesta de las provincias, dejando a las sociedades vulneradas y sin un norte claro en momentos de crisis económica y social.
Un síntoma alarmante de esta crisis es la situación dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. El aumento de suicidios entre policías ha obligado a intervenir con la creación de la División Bienestar Policial y la presentación de proyectos legislativos específicos para la contención de agentes, quienes ya no podrán portar armas en ciertas condiciones de salud mental.
En consecuencia, la situación en Entre Ríos evidencia una tensión constante entre los hechos concretos, el diagnóstico profesional y la respuesta política. Por un lado, se han logrado hitos comunitarios esperanzadores, como el modelo de Los Charrúas, donde la articulación interinstitucional (escuelas, iglesias, clubes, medios de comunicación) logró reducir drásticamente las muertes mediante el fortalecimiento de los vínculos sociales y la desmitificación del tabú.
Sin embargo, estos esfuerzos locales chocan con una macroestructura que parece negar la gravedad de la crisis y sólo parece abordarla cuando ingresa en agenda. La demanda de emergencia en salud mental planteada por diversos bloques legislativos refleja que el sistema sanitario está desbordado. El suicidio en Entre Ríos no es un hecho aislado, sino la manifestación de un "malestar profundo" exacerbado por la ansiedad, la depresión y los consumos problemáticos que, en muchos casos, comienzan a edades tan tempranas como los 9 años.
Hacia el futuro, el éxito de la prevención dependerá de si el Estado decide transitar de las campañas de visibilización hacia una inversión real y sostenida. Periodos en donde se llega a dar la tasa de un suicidio por día indica que la "emergencia silenciosa" ya no puede ser ignorada y que la salud mental debe ser la prioridad absoluta de la agenda pública, para evitar que la provincia se consolide como el epicentro de este flagelo en el país.
Fotografía: Gobierno de la Provincia de Entre Ríos