El abrupto cambio en el sistema de compra y distribución de alimentos para comedores escolares revela problemas de planificación, comunicación y lectura política en el gobierno provincial.
Por Eduardo Medina
El gobierno de Entre Ríos cambió la forma en la que se adquieren y distribuyen los alimentos para el desayuno y merienda en los comedores escolares de la provincia. Se pasa de transferir recursos a los directores de los establecimientos a contratar a una empresa radicada en Corrientes para que haga llegar esas comidas a los distintos puntos de nuestro territorio.
Este cambio produce varios problemas para el gobernador Rogelio Frigerio. En primer lugar, el técnico, en donde las preguntas que se disparan pueden ser ¿cómo se va a implementar administrativamente este sistema? ¿Cómo será la logística de distribución, la conservación de los alimentos y la viabilidad de consumirlos después de varios días de envasados? Si tienen muchos días de circulación entre las plantas procesadoras y las mesas escolares ¿cuántos y de qué calidad son los conservantes que se utilizan con ese propósito? Finalmente ¿cuál es la procedencia real de esos alimentos y cómo puede la comunidad, los padres de los alumnos, por ejemplo, verificar la calidad de lo que comen sus hijos?
El problema económico tiene doble efecto. Por un lado, se pasa de destinar 22.000 millones de pesos anuales en el sistema anterior a 42.000 millones en el nuevo sin una razón demasiado clara para ese incremento, atendiendo además a envasados que aparentan ser de segunda línea. Pero el cambio también influye directamente en las economías locales, ya que ese dinero que se transfería a los directores de los establecimientos iba a parar a los distintos comercios de la región. Ahora son 22.000 millones que saldrán del circuito entrerriano y otros 20.000 que también se irán, y que seguramente no irán a parar a infraestructura local, programas o demás iniciativas gubernamentales.
Derivado de esto, se generan localmente problemas sociales, que hacen a la integración comunitaria más que nada. Panaderías que deberán despedir empleados que se habían sumado por la demanda de los comedores; firmas locales o regionales que abastecían de lácteos; instituciones que participaban en la logística; incluso escuelas técnicas que habían desarrollado tecnología para el empaquetamiento de algunos alimentos.
Por supuesto, hay un problema político, ya que el cambio incentiva a la oposición y sectores críticos del gobierno provincial a cuestionar la modificación, no sólo por la pérdida provincial de los recursos, sino también por la duplicación de los mismos. Por otro lado, una movida de ese estilo, a mitad de año, dispara sospechas de transparencia, conveniencia y afinidades, justo en las puertas de un nuevo proceso electoral como el que se dará en 2027.
Por último, con una política judicializada al extremo, en efecto, los amparos colectivos y las medidas cautelares no se hicieron esperar, lo que pone en alerta al gobierno, no tanto de cara a la coyuntura actual, sino a futuro, ya que este tipo de procesos llegan a extenderse por años, con consecuencias imprevistas para los protagonistas, mucho más si ya han sido eyectados del poder, que es cuando la Justicia más a conciencia actúa.
Pero, para un gobierno provincial que fue en 2025 revalidado en las urnas de alguna manera, lo central no pasa tanto por estas controversias, que entiende que puede controlar o sofocar con facilidad, sino en lo que hace a lo que la sociedad percibe o puede percibir del (a estas alturas) “problema de Teknofood”. La gestión de Rogelio Frigerio evalúa las alteraciones en el status quo local en base al impacto que causa en su electorado, más que en la viabilidad o sostenibilidad de las medidas. La acumulación de acciones disruptivas le permiten generar un discurso de “cambio”, de “atacar los viejos problemas”, incluso de “coherencia”. Pero todas las iniciativas que logra homologar como “revolucionarias” están hechas a media máquina, aprobadas entre gallos y medias noches en el poder legislativo, con poco destino de bronce en la historia. De todos modos, suman.
Frigerio carece de buenos equipos de comunicación y estrategia gubernamental (no así de campaña) y, como si fuera poco, no tiene voceros sagaces o formados para este tipo de entuertos. Cuando Manuel Troncoso, Ministro de Gobierno, admitió con total cinismo que le convenía cobrar el sueldo de ENERSA antes que el que por ley le corresponde, dejó en claro sus capacidades reales de intervención [hasta el cierre de esta nota ningún fiscal ha actuado de oficio en el tema]. Otro tanto le pasó en su momento a Mauricio Collelo que, al ser consultado por la delegación de deportistas que no viajaría a Mar del Plata en 2025, patinó como campeón y produjo un video viral que fue la comidilla de la rosca política por semanas. Aun no se sabe si aquello fue un tropiezo o una zancadilla.
Estas carencias han llevado al gobierno provincial a desarrollar un esquema de intervención, de aplacamiento de incendios más que nada, pobre en sus fundamentos, pero que hasta ahora le ha resultado efectivo.
Su primer gesto en cada iniciativa de este estilo (reforma electoral, OSER, Caja de Jubilaciones) es hablar lo menos posible del tema. Si puede ser, nada. Un caso llamativo de esta línea de trabajo se dio a principios de 2025 cuando intentó ocultar un decreto, justamente el 01/2025, que modificaba partidas presupuestarias formando aparentes sobresueldos en algunos funcionarios. A partir de una filtración de los pasillos de la Casa de Gobierno, la movida fue descubierta antes de tiempo por algunos medios, pero, al ser un tema complejo de entender para el común de la ciudadanía, el frigerismo entendió que no le significaba mayores costos.
A veces, si aparece en la agenda una medida conflictiva, el gobierno puede largarse a controlar los medios relativamente críticos, mediante presiones, entrevistas exclusivas, la llamada “seducción del poder”, aumento de pautas o demás mecanismos non sanctos. Las primeras presiones se producen en aquellos medios con mayor llegada. Luego, se pasa a los que, teniendo menor alcance, pero quizás mayor impacto, pueden forzar en la ciudadanía interpretaciones contrarias a las oficiales.
Cuando decididamente el problema esquivará el silencio y emergerá en los medios, el “equipo de comunicación” utiliza la bala de plata: saca a jugar al líder, Frigerio. Este, con un lenguaje que no escapa del más rayano sentido común, termina enhebrando discursos formados con los saberes extratextuales de la audiencia referidos a la corrupción del peronismo, de las gestiones pasadas, etc., términos y palabras pertenecientes a ese campo semántico, poniendo de este modo a los ciudadanos en una situación de defensa de cualquier iniciativa gubernamental, así sea la más descabellada.
El “problema de Teknofood” tiene la particularidad de llegar en el medio de los despidos masivos que produce Granja Tres Arroyos, luego de que el gobierno anunciara una solución del conflicto. La empresa lo dejó mal parado y la ramificación del daño que esto puede producir en la imagen de la gestión provincial no tiene por ahora forma de medirse.
En vistas de este panorama, por lo pronto, cinco movimientos pueden verse intentando cubrir el “problema de Teknofood”. El primero lo hizo el propio gobernador Frigerio, quien en una entrevista televisiva defendió la medida, admitiendo que en el sistema anterior había fallas, como ser que los directores de escuela no eran los indicados para la compra de comestibles y que la situación ya estaba en agenda y había sido un puntal de campaña. No contento con esto, días después habló de corrupción y utilizó su palabra favorita, quizás la que más ha usado desde que está en la provincia, “curro”.
El segundo movimiento es en realidad un “no-movimiento”. La mayoría de los medios de comunicación entrerrianos de actualidad, de información general, e incluso referidos a temas de política local, no están ni siquiera reseñando el problema, aunque más no sea con esa forma “objetiva” de tratar los temas que más pueden incomodar oficialismo. Recordemos que, desde hace más de un año, el gobierno mantiene controlada la información sobre la administración, sobre la gestión puntalmente, habilitando al periodismo más domesticado a tratar sólo problemas político-electorales, de rosca, casi farandulescos. ¿Cómo se puede lograr esa dosificación o ese equilibrio entre política y gestión? Un misterio que solo pueden revelar los actores implicados y sus conciencias.
El otro movimiento en torno al “problema de Teknofood” fue la defensa de la propia empresa a través de un comunicado emitido en la segunda semana de agosto. Si bien los párrafos expresan una postura netamente empresarial sobre el asunto, su aparición revela a un gobierno que, incapaz de innovar en la defensa de su propia política, le habría solicitado a Teknofood que “se venda” ante la opinión pública. No habían pasado más de cinco días de estallado el problema, no tantas voces se habían hecho oír, y ya les resultaba inabarcable controlar la agenda, incluso en un ecosistema tan pequeño como el entrerriano.
El cuarto movimiento lo hizo la secretaria de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Nancy Ballejos, quien postuló casos aislados de falta de alimentos en escuelas de distintos puntos de Entre Ríos. Lo que queda saber es si esos casos son cotidianos, vienen de arrastre, o bien fueron circunstanciales.
El quinto es una operación de prensa burda, soez, anticuada en cierto punto. Se “filtró” a medios nacionales (que causan un efecto distinto en la población local, por supuesto), la compra de una botella de vino de $57.000 en una factura o ticket de una escuela de Entre Ríos. Este hecho, tal vez el conejo en la galera que los equipos de comunicación “estratégica” guardaban, intenta crear el clima de “necesidad de cambio” en el esquema de compras en comedores. La noticia pasó sin pena ni gloria, un fiasco, pero seguramente habrá tenido su costo económico. ¿La habrá pagado un privado o la operación se financió “con la nuestra”?
En resumen, para semejante movida, el gobierno se escuda detrás de la falta de control y de recursos escasos. Pero lo cierto es que ambos problemas son justamente aquello para lo cual un gobierno, entre otras cosas, es elegido: controlar y hacer más eficientes los recursos. La tercerización de la compra de alimentos, y la duplicación del presupuesto, no desnuda otra cosa que la carencia de capacidades del gobierno de Rogelio Frigerio en materia administrativa.
Por último, lo que seguramente estarán descubriendo algunos funcionarios provinciales, principalmente los que vienen de CABA, es que detrás de cada programa, política o línea de acción de gobierno, se tejen innumerables elementos que exceden infinitamente las cuestiones presupuestarias y del superficial cuidado de la imagen. Hay cooperación entre diversos actores de la sociedad civil, trabajo, esfuerzo, especialización, compromisos asumidos, incluso entramados culturales, todo un capital humano que el “problema de Teknofood” parece haber puesto en primer plano, para al menos intentar ser comprendido.