Brechas territoriales, estancamiento y municipios que ven menguar sus recursos.
Por Glosa
El reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), analiza la estructura, el marco normativo y la dinámica reciente de las transferencias por coparticipación hacia los gobiernos locales en la provincia de Entre Ríos. Lo que encontramos ahí, en actual contexto de crisis, alerta a funcionarios de los distintos estamentos del Estado. El problema no parece darse ahora, sino en el corto plazo.
Como se sabe, la coparticipación en Entre Ríos no es discrecional, sino que descansa sobre un robusto andamiaje constitucional y legal que garantiza la autonomía financiera de los gobiernos locales. Según la Constitución Provincial, el sistema asegura un flujo de recursos automáticos y diarios. El artículo 246 de dicha constitución establece pisos mínimos de transferencia. Para los municipios, el Estado provincial debe distribuir no menos del 16% de los impuestos nacionales y el 18% de los provinciales. Para las comunas, el piso es del 1% en ambos conceptos.
La distribución primaria atiende a las competencias y servicios, mientras que la secundaria aplica criterios objetivos de proporcionalidad, redistribución solidaria y eficiencia fiscal.
Con respecto a las fórmulas para el reparto en los municipios, la Ley 8.492 pondera por indicadores de población (electores 20%), recursos propios (30%), indicadores de pobreza (17%) y un porcentaje fijo por número de municipios (33%). En tanto que para las comunas, las leyes 10.644 y 10.775, consideran un componente fijo por cantidad de comunas (20%), población electoral (60%) e indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (20%).
En la práctica, en términos de origen, los fondos presentan una estructura de dependencia externa marcada: en promedio, dos tercios (2/3) de los recursos provienen de la recaudación nacional y solo un tercio (1/3) tiene origen provincial.
Al cierre de 2025, la distribución absoluta muestra una brecha significativa que responde a la escala institucional. Los municipios recibieron aproximadamente $572 mil millones (a precios de diciembre de 2025), mientras que las comunas percibieron cerca de $35 mil millones.
A nivel territorial, existe una alta concentración, ya que Paraná lidera el volumen de recursos con un promedio anual de 104 mil millones, seguida por Concordia con 63 mil millones, luego Gualeguaychú con 34 mil millones y Concepción del Uruguay con 30 mil millones.
El análisis de la serie temporal revela comportamientos marcadamente distintos entre las categorías de gobierno local. En el acumulado 2020-2025, los municipios registraron un incremento real del 3%. Sin embargo, el pico de recursos se alcanzó en 2022; desde entonces, la tendencia ha sido decreciente, culminando en 2025 con una caída real del 1,1% respecto al año anterior.
El sector de las comunas presenta un crecimiento real explosivo del 106% en el período 2020-2025. Este dinamismo se explica fundamentalmente por su incorporación al régimen de coparticipación a partir de 2020 (Ley 10.775), lo que generó un salto inicial en la asignación de recursos.
Es relevante observar que, dentro de los municipios más grandes, Concordia y Gualeguaychú lideraron las subas relativas con incrementos del 5% real en el período. En contraste, Paraná y Concepción del Uruguay mostraron las variaciones más acotadas, con apenas el 2% y 1% respectivamente.
En el ámbito de las comunas, a pesar de manejar montos globales menores, su trayectoria ha sido más dinámica tras superar una fuerte caída cercana al 20% real en 2023. Localidades como Las Cuevas, General Roca y Colonia Ensayo se posicionan con los niveles promedio de recursos más elevados en esta categoría.
Desde una perspectiva crítica, atendiendo a la marcha general de la economía y a la necesidad imperiosa de que el Estado en su conjunto “funcione”, se deben considerar cuatro factores o puntos críticos. Por un lado, el deterioro real de los ingresos municipales, en donde la caída del 1,1% real en 2025 para los municipios es una señal de alerta sobre la sostenibilidad del financiamiento local frente a la inflación y la dinámica de la recaudación nacional.
Por otro lado, la desaceleración en los ingresos de las comunas, en donde, si bien el crecimiento acumulado es alto (106%), el ritmo de expansión está perdiendo fuerza tras la etapa inicial de incorporación al sistema.
La vulnerabilidad por el origen de fondos es el tercer factor, ya que la alta dependencia de los recursos nacionales (66-68%) expone a los gobiernos locales entrerrianos a las fluctuaciones de la política económica y recaudatoria federal.
Por último, el vacío de datos en Juntas de Gobierno, ya que el informe del Consejo Empresario de Entre Ríos advierte que no se incluye el detalle de las 106 Juntas existentes debido a la falta de datos mensuales disponibles, lo que representa un desafío para la transparencia y el análisis integral de las cuentas públicas provinciales.
Fotografía: Nueva Zona